Corresponden a naves y almacenes así como a edificios culturales, deportivos y singulares propiedad en su mayor parte de juntas vecinales o ayuntamientos. No obstante, el mayor porcentaje de recibos es de viviendas, con el 93%
El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos ha aprobado la nueva
ordenanza fiscal a regir a partir de 2011, con el apoyo del Ayuntamiento de
Burgos (42%), la Diputación
(20%) y los representantes de las mancomunidades y pueblos no mancomunados
(20%), mientras que los presentantes de Miranda y Aranda, que cuentan con una
representación del 10% y 8% respectivamente, votaron en contra al considerar
que sus vecinos serán los más perjudicados con el incremento de la tasa de
viviendas familiares. A pesar del incremento de la tasa, el Consorcio será
deficitario en un 33%. La
Asamblea dio también el visto bueno al presupuesto para 2011,
que supone unos gastos de 7.450.000 euros. La Diputación aportará en
torno a 1,3 millones para equilibrar el presupuesto que no se cubrirá con la
tasa aprobada el lunes.
Una de las novedades de la nueva ordenanza fiscal es que asocia directamente el
valor de la tasa al valor catastral de construcción del inmueble. Por ese
motivo para el caso de naves industriales y almacenes, que tanta polémica ha
generado su cobro este año, desaparecerán más de 16.000 recibos, ya que pagarán
solo aquellas naves y edificios cuyo valor catastral supere los 20.000 euros,
que pagarán 32,50 euros al año. Igualmente, se verán beneficiados por la
ordenanza inmuebles, tales como las iglesias de los pueblos, los edificios
culturales, deportivos y singulares con un valor catastral también inferior a
los 20.000 euros. Estos pagarán una tasa anual de 30 euros frente a los 31,5
actuales. Con esta medida se eliminan más de 1.500 recibos.
En todo caso, la nueva ordenanza mantiene los 8 usos actuales: residencial,
comercial, oficinas, ocio-hostelería, almacén,
religioso-cultural-singular-deportivo, industrial 1 e industrial 2. A todos ellos, sin embargo,
se les asigna una tasa diferentes en función del tramo catastral al que
pertenece el inmueble. Ahí está la diferencia respecto a la anterior propuesta
que generó rechazo, ya que entonces se aplicaba de forma lineal.
En cuanto al uso residencial, es decir, las viviendas rurales que suponen el
mayor porcentaje de recibos -el 93%- se establecen cinco tramos distintos en
función de los valores catastrales de construcción. Para el tramo primero, con
un valor entre 3.000 y 5.000 euros, que afecta al 7% de casas, la tasa bajará
desde los 31,50 euros actuales a los 21. Es la única bajada que se contempla en
la nueva ordenanza. El tramo segundo, el de las viviendas con valor entre 5.000
y 30.000 euros, el mayor porcentaje con el 72%, el recibo anual se incrementa
en 3 euros, pasado de los 31,50 actuales a los 34,50 a partir de 2011.
Algo más sube el recibo del tramo tercero, en el que se incluyen las casas con
un valor catastral de construcción entre 30.001 y 50.000 euros, que supone un
porcentaje del 15% en la provincia; aquí se pasará de pagar al año 31,50 euros
a 39,21 euros, es decir 7,71 euros más.
Por lo que respecta al tramo cuarto, en el que se incluye el 4% del parque de
viviendas, con un valor entre 50.001 y 70.000 euros, el recibo pasará de los
31,50 euros a los 46 euros al año, con un aumento de 14,50 euros. Es el mayor
incremento junto al que tendrá el 2% de casas con más de 70.000 euros de valor
que abonará 18,50 euros más, pasando de los 31,50 a los 50,00 euros, y
que se corresponde con el quinto tramo establecido.
En cuanto a inmuebles como oficinas, comercios, bares y restaurantes cuyos
valores de construcción sean superiores a los 20.000 euros, soportarán el
grueso de la subida, no así el pequeño comercio o autónomos que tengan bares o
comercios de inferior valor catastral. El Consorcio cree que la subida responde
a los criterios lógicos de «quien más tiene más paga» y traducido al tema de
residuos «quien más contamina más paga», entendiendo que generan más residuos
las viviendas más grandes y caras. «Quien disfruta de un inmueble con un
elevado valor catastral parece que también disfruta de una situación económica
más desahogada que quien posee un inmueble valorado muy inferiormente», añade
Víctor Escribano, presidente del Consorcio.
